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Nicaragua, objetivo del sexoturismo

  •  La otra cara del boom turístico

Resumen de agencias/Trinchera de la Noticia

En el mundo más de un millón de niños son obligados a prostituirse. Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niños, dijo en la capital mexicana que el reclutamiento de las víctimas infantiles va desde la presión de los padres, el arreglo entre progenitores y traficantes y el secuestro; formas que pueden ejercerse libremente en un contexto de violencia, impunidad, corrupción y abandono gubernamental de miles de niños. Por eso, México es tierra fértil para que las mafias encargadas de la trata de blancas lleven a cabo todas las prácticas criminales que caracteriza la prostitución y la pornografía infantil: reclutamiento, traslado, control y explotación.

Además, los proxenetas utilizan la falta de dinero y la pérdida de valores que la miseria provoca en las familias, quienes entregan a sus hijos al infierno de la prostitución por unas monedas o ellos mismos los obligan a ir a las calles para conseguir dinero a cualquier costo, según describe la antropóloga Jurídica y de Derechos Humanos, Elena Azaola.

Los sexoturistas

De igual forma que los ‘padrotes’ saben escoger a sus víctimas, los pederastas también tienen gustos que son ampliamente satisfechos por los operadores de viajes sexoturistas (forma de turismo con el propósito de mantener encuentros sexuales normalmente con prostitutas) quienes ofrecen destinos a países de Latinoamérica como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Brasil y México. En el último destino se ofrecen paquetes de turismo sexual con niños de Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, Tijuana y Tlaxcala.
Teresa Ulloa, ha denunciado con base en investigación que los principales consumidores de prostitución infantil en México son elementos del ejército y la policía e incluso se les reserva niñas vírgenes a los oficiales, quienes pagan 45 mil pesos por ellas haciendo de México el paraíso de la impunidad para los pedófilos.

Esta situación continúa porque de todas las entidades, sólo Veracruz sanciona este crimen pese a que en el año 2013 se aprobó una ley federal que establece castigos de hasta 27 años de cárcel.

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