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Centroamérica ¿hacia la ingobernabilidad?

Mapa Centroamerica
  • Radiografía fiscal del Icefi destaca avances de Honduras y Nicaragua, pero advierte la falta de derrama social y un posible default en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.

La política fiscal centroamericana continúa carente de una visión de largo plazo y sin el cumplimiento de los principios básicos de la justicia tributaria.

El 70% de los impuestos son indirectos, provienen de los que tienen menos en función de sus recursos, los que más tienen pagan menos y los sectores económicos más pujantes no pagan impuestos, más bien se premian con exoneraciones.

En este contexto, las políticas fiscales de los gobiernos de la región, con mayor énfasis en unos países que en otros, caminan hacia una ingobernabilidad, advirtió el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, durante la presentación en Tegucigalpa del análisis “Perfiles macrofiscales de Centroamérica”.

Menkos dijo que Centroamérica vive momentos difíciles, que cada uno de los países de la región tiene problemas fiscales que deben ser atendidos de acuerdo a sus propias realidades, y en aquellos países donde el problema fiscal se ha vuelto estructural (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá) se requiere de manera impostergable de una discusión política con la participación de todos los sectores para acordar estrategias que garanticen las suficiencia y sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Actualmente, planteó que como resultado de esas políticas hay pocos ingresos disponibles para atender las demandas sociales, pues las políticas fiscales se han enfocado en los últimos años a que las cuentas fiscales sean sostenibles, es decir que las cuentas vayan cuadrando, olvidando que las políticas fiscales también tienen que ser suficientes, tener claro cuántos recursos deben llegar al Estado para poder ejecutar de manera transparente el gasto que va a ser la diferencia, a promover el desarrollo y el crecimiento económico.

“La política fiscal es el rostro concreto de nuestro contrato social y los centroamericanos están pidiendo una mejor educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción.

No hacer los cambios significa que los políticos están de espaldas a lo que la sociedad les está pidiendo”, apuntó.

Entre los cambios mencionan una revisión del sistema tributario no solo por el lado del tipo de impuestos, sino sobre la base tributaria (quién paga y quién no paga impuestos), la revisión de los privilegios fiscales y una mejor planificación del gasto público y que sus ciudadanos conozcan el impacto que está teniendo ese gasto.

Pactos fiscales, ¿para qué?

Desde el Icefi se insiste en la necesidad de que los países recorran un camino que les lleve a la construcción de un pacto fiscal que garantice que no solo las cuentas fiscales suenen bien, sino que discutan y conformen políticas que puedan enfrentarse a las demandas del 70% de la población en condiciones de pobreza.

Un pacto fiscal debe garantizar la sostenibilidad y suficiencia de los ingresos, la transparencia de los ingresos y del gasto público, la lucha contra la corrupción.

En el caso de Honduras, ese pacto debería establecer qué es lo que la sociedad debe hacer para atender.

Todos los países siguen teniendo pendientes un pacto fiscal consensuado, según Menkos.

Radiografía fiscal: Guatemala: destruida su moral social

Vive la peor crisis fiscal de su historia moderna, la que se manifiesta en el deterioro de las capacidades de la administración tributaria nacional, envuelta en serios casos de corrupción.

La carga tributaria se ha reducido en los últimos años hasta el 10.4% en 2015, según las proyecciones del Icefi.

El déficit fiscal no se ha visto impactado debido a disposiciones legales de mantener el saldo de la deuda pública en relación con la producción nacional por debajo del 25% y del 250% de los ingresos tributarios.

La crisis política que afecta Guatemala en los últimos meses ha destruido la moral tributaria del pueblo en general, dice el Icefi en su análisis.

El Salvador, ¿camino al default?

El informe del Icefi destaca que El Salvador es el país en la región con las mayores complicaciones para poder tener una política fiscal sana y suficiente.

La dolarización y el bajo crecimiento económico impiden a ese país hacer cambios trascendentales.

El nivel de deuda pública respecto al PIB alcanzó 55.4% del PIB en 2014, lo que debido a ingresos fiscales decrecientes produjo una contracción severa del gasto, especialmente de capital.

Se estima que el gobierno fiscal concluirá el período con un déficit fiscal de 4.0%.

Se encuentran en una situación estática en la cual los ingresos disponibles son utilizados principalmente para evitar que empeore la situación fiscal.

Fitch Ratings ya redujo la calificación de la deuda soberana pues percibe como insostenible la situación y considera que el déficit fiscal esperado, del 4.3%, puede ocasionar un mayor riesgo de impago.

Honduras: buenas cifras sin derrama social

En términos de sostenibilidad, los datos de la política fiscal hondureña son muy buenos.

Ha mejorado en sus políticas macrofiscales: los ingresos fiscales, el gasto y la deuda han funcionado.

El gobierno central presenta un superávit presupuestario de 0.2% del PIB y una reducción de la deuda que ha pasado de 45.6% a 42.5% del PIB, representando todavía el 282% de los ingresos tributarios.

Estos resultados son producto de una reforma fuertemente regresiva: un sacrificio del bienestar social a costa de una mayor estabilidad fiscal, lo que puede comprometer el crecimiento y el desarrollo en el mediano y largo plazo.

Nicaragua

Tiene un ritmo de endeudamiento relativamente bajo, con resultados fiscales sanos.

Reporta un superávit presupuestario del 0.3% del PIB y la reducción de la deuda con respecto al PIB del 30.9% al 27.5%.

Sin embargo, la opacidad en la rendición de cuentas podría poner en riesgo los buenos resultados obtenidos hasta ahora.

Icefi advierte que la absorción de deudas de otros entes por parte del Poder Ejecutivo podrían representar una deuda global superior al 70% del PIB.

Costa Rica, reacia a los cambios

Costa Rica es la más reacia en la región a implementar cambios fiscales. Aunque ha gozado por muchos años del mayor nivel de desarrollo social en la región, su actual situación fiscal pone en riesgo las posibilidades de mantener esos niveles.

En 2014, los niveles de recaudación fiscal superaron a Guatemala y Panamá. Sus niveles de recaudación en comparación con el tamaño de su gobierno mantienen el déficit fiscal de manera constante por encima del 5% del PIB.

Esto ha provocado que la deuda nacional se haya incrementado hasta en un 40.4% del PIB, lo que equivale al 313% de los ingresos tributarios esperados para 2015.

Los gastos públicos crecieron con más velocidad que los ingresos, lo que agudiza el déficit presupuestario.

El déficit fiscal a mayo fue superior en un 16.1% acumulado al mismo período en 2014.

El grave escenario fiscal de Costa Rica, los ingresos fiscales no alcanzan a cubrir los gastos derivados del pago de los intereses de la deuda.

Costa Rica necesita implementar medidas fiscales que le permitan mejorar sus finanzas públicas de manera sostenida en el corto plazo.

La deuda pública, a mayo, registraba un crecimiento del 10.8% arriba de lo registrado al cierre del 2014, igual a un 40.4% del PIB, en el borde de lo recomendado para países de renta media.

Panamá

Reporta altas tasas de crecimiento económico. El endeudamiento público para el financiamiento de macroproyectos parece no haber tenido un impacto significativo en el nivel socioeconómico de los grupos más vulnerables.

El nivel de endeudamiento no ha alcanzado volúmenes alarmantes con respecto al PIB, que se mantiene por debajo del 40%.

Sin embargo, la baja capacidad tributaria, que incluso se ha visto en serio deterioro en 2015, que llevó a la reestructuración del sistema de administración tributaria, seriamente acusada por denuncias de corrupción, lleva a pensar en un potencial escenario de insostenibilidad de la deuda.

Para el cierre del 2015 se estima que el volumen de la deuda representará alrededor del 400% de los ingresos tributarios.

 

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