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¿Por qué exoneraron a Laura Chinchilla del caso La Trocha?

Pablo Rojas
Diario CrHoy

San José
La investigación por el caso de la trocha fronteriza inició con un minucioso análisis de la participación que tuvieron la entonces presidenta Laura Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro Francisco Jiménez.
Sin embargo, poco a poco el hilo conductor fue descartando la posibilidad de participación de altos mandos.
Según el Ministerio Público, hubo un nexo delictivo de confianza entre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un grupo de empresarios con el único afán de saquear las arcas estatales y se determinó que no había participación de las altas autoridades.
“Cuando la investigación inició, como todo mundo señala en redes sociales y comentarios, obviamente lo primero que tratamos de establecer fue eso (investigar altas autoridades). Eso nos lleva a analizar toda la contabilidad de proyecto y nos damos cuenta que no hay nada irregularidad en la tramitación. Decidimos olvidar la contabilidad e irnos a las empresas. Ahí empieza a perfilarse que una empresa estaba cobrando por un tractor que estuvo en diferentes zonas del proyecto a la misma hora”, comentó Jorge Chavarría, fiscal general.
Para cumplir ese fin, las compañías en contubernio con los empresarios públicos utilizaron documentación falsa.
“Presentaban documentación con facturas que podría ser falsa y la aprobación por parte de los funcionarios sin ningún tipo de revisión. Puesto que ya se sabía que podría ser falsa”, comentó Andrea Rodríguez, fiscal que participó en la acusación.
En total hay 26 imputados: 3 funcionarios del Conavi, 3 falsos inspectores del Conavi, 18 empresarios y 2 esposas de los empresarios.
Los funcionarios de Conavi son el ingeniero Manuel Serrano, el inspector Miguel Ramírez y Carlos Acosta, exdirector del Conavi.
El perjuicio económico asciende a 1.234 millones de colones. Sin embargo, tanto la cantidad de imputados como del perjuicio económico podría aumentar.
La fiscal Rodríguez confirmó que investigan la compra de fincas en Limón, de carros y una vivienda en Heredia por parte de los funcionarios públicos imputados.
Estos bienes podrían quedar en condición de comiso, mientras se desarrolla la acusación.
Pese a que no lo pueden comprobar, Chavarría afirmó que todo hace presumir que este tipo de vínculo delictivo se pudiera haber presentado en otras oportunidades.
“Había una relación de confianza entre los funcionarios y los empresarios”, dijo.
Los delitos imputados son: cohecho, peculado, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la Hacienda Pública y legitimación de capitales.
Otros 5 años más
Pese a la noticia de la acusación presentada, el propio Fiscal General afirmó que podrían pasar otros 5 años para que el caso tenga una sentencia.
Afirmó que esto obedece a la situación actual en la que se encuentran los procesos en los tribunales, aunado a la cantidad de imputados en el caso.
Es decir, desde el inicio de la investigación hasta el final, podrían pasar 10 años.

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