Leve efecto de la suspensión del TPS en la economía de Nicaragua

Néstor Avendaño
Economista y presidente de COPADES

Dos meses antes que concluyera el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para Nicaragua, que fue establecido por la administración del presidente William Jefferson Clinton en 1999, que ha sido renovado cada 18 meses y que expira el 5 de enero de 2018, la administración del Presidente Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que ya no es necesario.

La decisión estadounidense afecta a aproximadamente a 5,349 mil nicaragüenses que han vivido en Estados Unidos durante casi dos décadas, después de que el Huracán Mitch devastara gran parte del territorio de Nicaragua, y tendrán 12 meses para que realicen una transición ordenada para su regreso al país.

Aunque la economía de Nicaragua ha mostrado un continuo crecimiento mayor de 4% desde el año de 2010, aún es insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza de los nicaragüenses. A lo sumo, 890 mil nicaragüenses económicamente activos no generarán ingresos en 2017 porque no encuentran un puesto de trabajo, o trabajan menos que ocho horas diarias, o devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal.

Además, con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014 se puede demostrar que, con todos sus ingresos, el 40% de las familias no puede adquirir todos los 23 alimentos que integran la canasta de consumo básico oficial del país, el 62% de las familias nicaragüenses no puede comprar todos los 53 productos de dicha canasta y el 75% de las familias no puede obtener una vivienda de interés social mediante un préstamo hipotecario con una tasa de interés subsidiada por el Estado.

Por otro lado, de acuerdo con los datos oficiales del país, la infraestructura económica y social del país se ha ampliado y mejorado, pero la inversión pública apenas representa el 22% del gasto total del presupuesto nacional y no garantiza un crecimiento económico acelerado y sostenible en el mediano plazo -en el primer semestre de este año, el volumen de la inversión pública ha disminuido 12%-, mientras que la inversión fija del sector privado, es decir, los gastos en construcción y maquinaria y equipo, un motor principal del crecimiento de la producción, se aproxima actualmente al 26% del producto interno bruto (PIB), y cuyo componente de inversión extranjera directa oscila alrededor del 11% del PIB.

En ese escenario macroeconómico, será demasiado difícil para los nicaragüenses que retornen al país poder encontrar un puesto de trabajo decente, al tomar en cuenta los severos riesgos que acechan a la economía nicaragüense en el corto y mediano plazo. Se puede prever que las autoridades gubernamentales, dada la insuficiencia de recursos presupuestarios, no podrán dar respuesta a la repatriación de tantos nicaragüenses, no sólo por el cese del Programa TPS sino también por la deportación de miles de nicaragüenses indocumentados que viven en Estados Unidos.

De acuerdo con el Censo de la Población de Estados Unidos de 2015, 256,000 inmigrantes nicaragüenses se reportaron, o sea, el 7.6% del total de inmigrantes centroamericanos reportados. Supongamos que el 10% de los nicaragüenses reportados en el Censo corresponda al número de inmigrantes nicaragüenses indocumentados, es decir, 25,600 personas. A este número podríamos agregar a los 5,349 nicaragüenses que el Estatus de Protección Temporal frenaba su deportación.

Por consiguiente, de los 30,949 nicaragüenses expuestos a la deportación, suponemos también, grosso modo, que 3,000 nicaragüenses podrían ser deportados anualmente.

También se conoce que el 60% del flujo anual de las remesas proviene de Estados Unidos, el monto promedio mensual de cada transferencia proveniente de todos los países es US$190 y, al menos, el 90% del valor total de las remesas se destina al gasto de consumo de bienes y servicios finales.

El efecto anual de la política de inmigración de la administración del Presidente Donald Trump en la economía nicaragüense consistiría en una reducción de las remesas de US$7 millones remesas, que, al compararla con el flujo total del año en curso, US$1,361 millones, sólo significaría una leve disminución anual de 0.5%.

La elasticidad del PIB con respecto al flujo de remesas es igual a 0.068, es decir, si el monto de las remesas disminuye 1%, el PIB disminuye 0.068%.  Adicionalmente, con una disminución de 1% de las remesas, el gasto de consumo privado tendería a disminuir 0.269%. Es más sensible el consumo que la producción ante una caída de las remesas familiares.

En términos anuales, al reducirse 0.5% el monto anual de las remesas familiares, el PIB disminuiría 0.03% y el gasto de consumo de las familias decrecería 0.13%.

Sin embargo, tomando en cuenta la presencia del riesgo del desplome del crédito petrolero de Venezuela, y otros riesgos potenciales como la también probable aprobación de “NICA Act”, la revisión del “DR-CAFTA”, y la política fiscal y la política de proteccionismo comercial de la administración del Presidente Donald Trump, se prevén la ampliación de ciertos efectos macroeconómicos y el surgimiento de otros en el corto y mediano plazo, tales como:

  • la política monetaria contractiva que ya desaceleró el crecimiento del gasto de consumo de las familias en 2017, con el propósito de defender la posición de las reservas internacionales brutas oficiales depositadas en el BCN;
  • la incertidumbre inversionista que provocaría la desaceleración de crecimiento de la producción de bienes y servicios podrá provocar más subempleo y desempleo, así como problemas sociales;
  • el riesgo del aumento de la mora en el crédito para el consumo y gastos personales; y
  • la apreciación del dólar estadounidense, una mayor inflación importada, la aceleración de las alzas de las tasas de interés internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda.

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