Defensores de derechos humanos piden investigar sucesos del Caribe Norte

  • Pronunciamiento sobre los hechos de violencia postelectoral en Nicaragua

San José

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresamos nuestra preocupación y condenamos los incidentes de violencia postelectoral en Nicaragua, tras los comicios municipales del pasado 5 de noviembre, que habrían dejado un saldo de al menos 7 personas fallecidas y decenas de heridas, en su mayoría personas vinculadas a la oposición al partido de gobierno.

Según la información disponible, los incidentes incluyen enfrentamientos entre civiles de distintos partidos políticos, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y de la fuerza naval, contra manifestantes inconformes con los resultados electorales, y detenciones arbitrarias.

Asimismo, ocurrieron incendios en una sede del partido indígena opositor Yatama y en las instalaciones de la radio comunitaria Yapti Tasba, vinculada también con la oposición.

Defensores de derechos humanos piden investigar sucesos del Caribe Norte
Destrucción de una oficina en Bilwi, Puerto Cabezas, en la violenta jornada poselectoral.

Estos hechos ocurren en un contexto adverso para el pleno ejercicio de los derechos políticos, que ha sido denunciado y reconocido en instancias internacionales. Cabe recordar que desde el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por violar los derechos de los pueblos indígenas y ordenó reformas normativas para garantizar su participación política de acuerdo con sus usos y costumbres, lo cual no ha sido cumplido. Más recientemente, ocurrieron las destituciones arbitrarias de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional lo que generó también la preocupación internacional.

Exhortamos al Estado de Nicaragua a investigar estos hechos de violencia, identificar y sancionar a todos los responsables. Una vez más, exigimos se cumpla la sentencia Yatama vs. Nicaragua, realizando las reformas normativas para que se garanticen plenamente los derechos políticos. Finalmente, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a dar seguimiento a la situación y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales.

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