Caso Movistar refleja la magnitud de las extorsiones en Guatemala

  • La empresa subsidiaria de la española Telefónica sufrió el viernes ataques violentos por presuntos extorsionistas que provocaron la muerte de 4 colaboradores de la compañía.

Análisis de la agencia EFE

Que Movistar de Guatemala, la tercera empresa de telefonía del país, se encuentre bajo el flagelo de la extorsión es un reflejo del aumento en la última década de este mal, expresó ayer el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda.

La empresa propiedad de la española Telefónica sufrió el viernes ataques violentos por presuntos extorsionistas que provocaron la muerte de 4 colaboradores de la compañía, “3 de los cuales por arma de fuego y uno más al día siguiente por paro cardiaco”, describió Zepeda en una entrevista con Efe.

Los supuestos extorsionadores pedían a la telefónica el pago de 100.000 quetzales (US$13.600) “de entrada”, así como otros 2.000 quetzales (US$273,2) por cada unidad de transporte de las 20 que había calculado el grupo criminal, según un audio difundido en redes sociales y que una fuente de Movistar de Guatemala certificó como auténtico a Efe.

Este “mediático”, como lo describe Zepeda, es una muestra de lo que otros negocios grandes, medianos y pequeños “sufren”, llevando incluso al cierre “de por vida, porque no pueden operar con el sistema de extorsiones”.

Pese a que el Gobierno de Jimmy Morales se ha enfocado en el combate a la extorsión a través del Ministerio de Gobernación, Zepeda apunta que en la última década el flagelo de la extorsión ha visto “un incremento del 25 %”, y que particularmente en el caso Movistar podría ser una respuesta a la desarticulación de bandas criminales de extorsionistas.

Según cifras de la CIG, quienes sufren más extorsiones son las residencias, con 70 %, mientras que los negocios un 24 % y el sector del transporte un 6 %.

Pero según un informe de la organización humanitaria guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) publicado en 2016, Guatemala registra una media de 22 denuncias diarias por el delito de extorsión, mientras que las sentencias no alcanzan una diaria.

Según el GAM, las víctimas son, en un 58,3 % de los casos ciudadanos particulares, mientras que el 29,9 % corresponde a comerciantes y el 9,02 % a transportistas.

Zepeda añade que “el 77 % de las denuncias se concentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Suchitepéquez”, de las cuales, “6 de cada 10 son en el Municipio de Guatemala y una tercera parte son en Ciudad de Guatemala”.

De los negocios más afectados, “me atrevería a decir son los pequeños y medianos”, como tiendas, sastrerías, mercados, depósitos o salones de belleza, apunta Zepeda.

Pero es posible, menciona el director ejecutivo de la CIG, que “a raíz de los operativos antiextorsiones, estos se hayan ido contra los grandes”, como empresas de comida rápida, tiendas de ropa y,” ahora vemos que en telefonía también”.

Para todos los casos, “la economía de los empresarios se resiente”, pues así como “son 100.000 para Telefónica, pueden ser 1.000 para una tiendita”, lo cual “es terrible”.

La fuente de Movistar indicó a Efe que desde el sábado se habían comunicado con las cámaras de la Industria y de Comercio, y que su “máxima prioridad” era “preservar la integridad de nuestros colaboradores y clientes”.

Al respecto, Zepeda explicó que tiene “entendido que Movistar también se comunicó ya con las autoridades”, lo cual es parte del procedimiento que en la CIG “recomendamos”.

Las autoridades como Gobernación o el Ministerio Público cuentan con “gente especializada para manejos de negociaciones, como en secuestros”, se trata de “protocolos que hemos desarrollado con ellos”, reiteró.

Pagar la extorsión “termina siendo una actividad ilícita sumamente redituable para los criminales”, dijo Zepeda, quien calcula, “según las denuncias registradas”, que pueda ser “alrededor de 295 millones de quetzales (US$40,3 millones)” o, lo que sería peor, “500 millones de quetzales (US$68,3 millones) como mínimo si tomamos lo que no se denuncia”.

Y para protegerse de la extorsión y otros males, las empresas han destinado “hasta el 7 % de sus gastos a seguridad, como unidades blindadas, guardias de seguridad, monitoreo, cámaras de vigilancia”, lo que “resta competitividad”, manifestó.

 

 

 

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