15 meses protegido por magistrados y jueces

Néstor Avendaño
Economista

El dos de diciembre de 2017, Eduardo Montealegre cumplió 15 meses de estar protegido por servidores públicos del Poder Judicial, que parecen servidores privados de un ciudadano que no sólo ha sido querellado por mí porque es un violador de los derechos humanos debido a su calumnia que me tildó como un defraudador del Estado de Nicaragua, y a sus injurias al asegurar que el estudio sobre la liquidaciones de cuatro bancos comerciales ocurridas en el país durante el bienio 2000- 2001, que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República, se caracterizó por falta de profesionalismo.

La Fiscalía General de la República también acusó penalmente, junto a otras 38 personas, a Eduardo Montealegre por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias en su calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público, al reestructurar, entre octubre y noviembre de 2003, la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias arriba mencionadas, y al aprobar las subastas de los activos de los bancos liquidados realizadas entre el 21 de mayo y el 25 de agosto de 2003.

Ante estas dos acusaciones, Eduardo Montealegre se escudó en la inmunidad que le confería su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, y no se presentó al llamado de los jueces.

El 5 de agosto de 2016, la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Alba Palacios Benavidez, presentó a ORDICE la comunicación oficial a los jueces del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García respectivamente, que “el ciudadano acusado Eduardo Montealegre Rivas ya no ostenta la calidad de diputado de la Asamblea Nacional y en consecuencia ya no goza de inmunidad”. Frente a mi querella personal, politizada desde su inicio por el querellado, el Poder Legislativo había protegido a Eduardo Montealegre durante 8 años.

El 1 de septiembre de 2016, los dos jueces dictaron autos en que se ordenaba la realización de las correspondientes audiencias iniciales con fines de preliminar, que en derecho corresponde, para el 5 de septiembre de 2016. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2016, los dos jueces suspendieron las dos audiencias iniciales por “ajustes relacionados con la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua” y por “saturación de agenda del despacho”. Entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre de 2016, ambos jueces no respondieron ninguna de mis cinco peticiones escritas para que reprogramaran la audiencia, aunque estaban obligados a proveer 48 horas después de recibir las peticiones, y a esta fecha no han procedido a convocarnos de nuevo. Con sus acciones, los dos jueces perpetúan una denegación de justicia sistemática al no mostrar ninguna intención de cumplir con su obligación constitucional, legal y laboral de tramitar las causas.

Con su displicencia, ambos jueces violaron mis derechos al debido proceso, cometieron negligencias en el cumplimiento de sus funciones y causaron una evidente retardación de justicia. El 6 y el 25 de octubre de 2016 presenté quejas formales con sus pruebas documentales al magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su calidad de Inspector Delegado y superior jerárquico de los dos jueces, porque, conforme a la ley, él puede “girar instrucciones generales de carácter procedimental”.

Sin embargo, el inspector delegado Gerardo Rodríguez me contestó en forma escrita que los dos jueces expresaron que, según la Ley 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua”, ellos “son independientes en su actuar y que no pueden actuar por orientaciones o recomendaciones de ningún superior” -sin ser abogado, creo que la Ley 260 no orienta la anarquía judicial- y agregó que los dos honorables jueces atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta”, pero no dijo cuándo. Las respuestas de los dos jueces fueron muy insultantes. Por último, el inspector delegado Gerardo Rodríguez ordenó “archivar las diligencias de mis quejas”, con lo cual también perpetuó la denegación de justicia en mi contra. Por supuesto, él sabe que justicia tardía no es justicia, y que obstruir el acceso a la justicia es también una violación al derecho humano.

Debido al irrespeto y a la falta de ética profesional de los tres funcionarios judiciales arriba mencionados, el 11 y el 13 de noviembre de 2016 interpuse quejas con sus pruebas documentales en contra de ellos en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián. No recibí ninguna respuesta y hasta hoy continúan guardando silencio. Sin embargo, aún suena el eco de las palabras públicas de la magistrada Alba Luz Ramos, quien dijo que mi caso contra Eduardo Montealegre Rivas era uno más de los 125 mil casos que se encuentran en el Complejo Judicial Central de Managua y que no existía retardación de justicia.

Por todas estas razones, el 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca dejaré de reclamarla, a sabiendas que la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre está muy marcada nacional e internacionalmente en el ámbito de los derechos humanos. Tengo la seguridad que un día tendré acceso a la justicia, cuando los servidores del Poder Judicial acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *